Las administraciones incumplen la Ley de morosidad

Uno de los grandes problemas que más ha afectado y afecta al colectivo de trabajadores autónomos y microempresas desde que estalló la crisis económica, es sin lugar a dudas, las altas tasas de morosidad que se han llevado por delante, según diversos informes, a cientos de miles de trabajadores autónomos en el conjunto de España y a decenas de miles en la Comunidad Valenciana. Y lo que es más grave de todo, es que muchos de los negocios cerrados por culpa de esta lacra de la morosidad, se trataban de negocios totalmente rentables que generaban beneficios económicos y que por culpa de impagos y retrasos en los cobros se han visto asfixiados por la falta de liquidez.

Para intentar frenar a esta lacra y ante las presiones de los colectivos afectados, se aprobaba la “Ley 15/2010, de 5 de julio” que modificaba la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales”. Esta ley que venía a dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva Europea contra la Morosidad, reducía de forma paulatina los periodos máximos de pago en las operaciones comerciales y así, a partir del 01 de enero de 2013 se establecían como periodos límites de pago, 60 días para el sector privado y 30 días para el sector público.

El balance que podemos hacer, dos años después de la entrada en vigor de estos periodos máximos de pago, es claramente negativo, ya que según el último informe presentado por la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) en el día de ayer, en este momento, el plazo medio de pago de las facturas se sitúa en 85 días en el sector público y en 83 días en el sector privado, por lo que de momento la tan ansiada ley de morosidad se está convirtiendo en papel mojado, motivo por el cual desde ATA se está reclamando la puesta en marcha de una serie de medidas, como es la aprobación de un procedimiento sancionador que permita penalizar a las administraciones públicas y empresas incumplidoras.

A continuación, se detallan las propuestas más importantes:

- Establecer un recargo del 20% inmediato para todas aquellas Administraciones que no paguen en los plazos que establece la Ley y la Directiva Europea de lucha contra la morosidad.

- Crear un cuerpo de inspección que vigile la morosidad.

- Establecer un régimen sancionador para todas aquellas administraciones y a las empresas que incumplan de forma reiterada y siempre y cuando responda a malas prácticas los plazos de pago con sus proveedores.

- Habilitar un buzón de denuncias donde los proveedores puedan denunciar a quien incumple los plazos de pago y no hace frente a sus facturas en el tiempo que marca la Ley.

- Que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) asuma competencia al respecto, asumiendo los plazos de pago como un instrumento de competencia desleal.

Informe completo

http://www.ata.es/sites/default/files/np_informe_morosidad_marzo_2015.pdf